El Continuo Arresto y Detención de Defensoras de Derechos Humanos
En Mayo de 2019, Amnistía Internacional declaró «el Año de la Vergüenza» en Arabia Saudita en memoria del año transcurrido desde la detención de varias defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional expuso «hace un año, las autoridades empezaron a encerrar a algunas de las activistas más valientes de Arabia Saudita, en lugar de celebrar los grandes pasos que se habían dado para promover los derechos de las mujeres en el país».
A pesar de las reformas que parecieron estar dirigidas hacia el progreso y la modernización, como el fin de la prohibición de las mujeres a conducir en Junio de 2018 y las restricciones de viaje en Agosto de 2019, las autoridades saudíes han acabado con las Defensoras de Derechos Humanos utilizando los medios de comunicación para desacreditar a las activistas como traidoras al Reino; las autoridades saudíes han reprimido continuamente a los activistas y a los disidentes en sus actividades pacíficas. Desde 2011, los tribunales han condenado aproximadamente a 30 activistas, muchos de ellos con sentencias de 10 a 15 años bajo una legislación expresamente diseñada para criminalizar la disidencia.
La perpetua degradación de mujeres saudíes y sus derechos humanos no es en ningún caso tan aparente como en el de Loujain Al-Hathloul, una activista de los derechos de la mujer, una figura de las redes sociales y una prisionera política. Al-Hathloul es conocida por su campaña en contra de la prohibición de las mujeres a conducir por la que fue arrestada en Mayo de 2017 junto con otras activistas por los derechos de la mujer. Sus cargos incluyeron la promoción de los derechos de la mujer, pedir el fin del sistema de tutela masculino, contactar con organizaciones internacionales, medios de comunicación extranjeros y con otros activistas. En Noviembre 2018, Amnistía Internacional y Human Rights Watch declararon que «varios activistas saudíes de derechos humanos, incluyendo un gran número de mujeres, según informes, había sufrido acoso sexual, tortura y otras formas de maltrato durante el interrogatorio desde que fueron arrestados arbitrariamente en mayo de 2018 (incluida al-Hathloul). Según tres testimonios separados, los funcionarios de la prisión de Dhahban torturaron repetidamente a los activistas detenidos con electrocución y azotes; algunos se quedaron sin poder caminar o pararse correctamente, con temblores incontrolados de manos y marcas en el cuerpo «.
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, International Service for Human Rights, the Gulf Center for Human Rights, y Women’s March Global han abogado por la inmediata e incondicional liberación de defensores de derechos humanos saudíes que hayan sido detenidos por su apoyo a los derechos de la mujer. Las organizaciones mencionadas, como otras organizaciones no gubernamentales internacionales, continúan llamando para que estas mujeres puedan ver a sus familias y accedan a los abogados que ellas elijan, para hacer que Arabia Saudita lleve a cabo investigaciones penales de manera transparente y alentar al Reino a adherirse a los estándares internacionales de un juicio justo
El ataque a la Libertad de Expresión y a la disidencia
La restricción de Arabia Saudita a la libertad de expresión y al disenso tanto a nivel nacional como internacional es motivo de preocupación. El informe de 2017 de ADHRB Voice for The Voiceless – Discriminación religiosa y cultural en Arabia Saudita explora la censura de los medios de comunicación dentro de la nación. Como se señaló, los periódicos del Reino son «de propiedad privada, pero están subvencionados públicamente y supervisados de cerca por el gobierno». Debido a la Ley de Prensa y Publicaciones de 2003 y la Ley contra el Ciberdelito de 2007, que regulan el contenido de los medios, muchos de ellos practican la autocensura. A principios de 2014, el Gobierno Saudí publicó su Ley sobre Terrorismo y su Financiamiento, que fue criticada por ser demasiado amplia y restrictiva. Por su redacción vaga, el Gobierno ha utilizado su implementación para arrestar a críticos y disidentes.
La campaña de Arabia Saudita contra todas la disidencia se destacó en un informe de octubre de 2018 de ADHRB, titulado Jamal Khashoggi y Essam al-Zamel: Víctimas de la creciente represión de Arabia Saudita.
Essam al-Zamel, ciudadano saudí y conocido economista y empresario con una presencia popular en las redes sociales, fue blanco de lo que se denominó una «ola de arrestos» en septiembre de 2017; debido a sus críticas al plan Visión 2030 para la compañía petrolera estatal Aramco del príncipe heredero Mohammed bin Salman. La amplia legislación sobre terrorismo de Arabia Saudita permitió al Gobierno acusar a al-Zamel de cargos que incluyen «presunta pertenencia a los Hermanos Musulmanes, comunicarse con Qatar y dar información confidencial a diplomáticos extranjeros sin permiso». Todos estos últimos se consideran actos de terrorismo según las leyes antiterroristas del país. Según ADHRB, el arresto de al-Zamel es paralelo a «otras detenciones que han ido en aumento en los últimos años».
En los últimos años, Arabia Saudita se ha embarcado en una campaña para aplastar la disidencia. Esto se ha visto doblemente reforzado, en primer lugar con la promulgación de la revisión de noviembre de 2017 de la Ley sobre Terrorismo y su Financiamiento, y en segundo lugar con la creación de la Presidencia de Seguridad del Estado (PSS) cuando el Ministerio del Interior fue despojado de su función de seguridad interna. Según ADHRB, “el PSS es responsable de vigilar y arrestar a decenas de defensores de derechos humanos, activistas, clérigos, académicos y disidentes”.
Tras el infame caso de Jamal Khashoggi, este sistema de vigilancia nacional se hizo conocido internacionalmente.
El 2 de octubre de 2018, «funcionarios sauditas del consulado del Reino en Estambul detuvieron arbitrariamente, hicieron desaparecer forzosamente y asesinaron al destacado periodista disidente Jamal Khashoggi«. Khashoggi fue el exasesor de Turki bin Faisal, príncipe saudí y ex director de la agencia de inteligencia del país. Antes de huir de Arabia Saudita, Khashoggi era conocido por su columna en al-Hayat; la columna fue prohibida en 2017 después de que Khashoggi comenzara a dar un giro más crítico contra Mohammed bin Salman. Temiendo ser arrestado, Khashoggi huyó de Arabia Saudita en junio de 2017 y desde entonces había estado viviendo en Estados Unidos.
Khashoggi también escribió para The Washington Post, donde se mantuvo crítico con Mohammed bin Salman hasta su muerte. En su último artículo de septiembre de 2018, Khashoggi declaró: «(nosotros) los saudíes merecemos algo mejor». Tras su muerte, el Gobierno saudí se negó a admitir su culpabilidad. Sin embargo, a raíz de la presión internacional, ha surgido la idea de que Khashoggi fue asesinado de una manera premeditada. Cinco personas fueron condenadas a muerte, mientras que otras tres fueron condenadas a prisión por el Tribunal Penal de Arabia Saudita en Riad. Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio, afirmó que “este veredicto es un encubrimiento que no trae ni justicia ni verdad a Jamal Khashoggi ni a sus seres queridos. El juicio se cerró al público y a monitores independientes, sin información disponible sobre cómo se llevó a cabo la investigación ”.
Esta es una clara señal de que el Gobierno saudí se está precipitando hacia un estilo de censura más autoritario, tanto a escala nacional como internacional.
El Incumplimiento de las Normas Internacionales de un Juicio Justo
El derecho a un juicio justo está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, piedra angular del sistema internacional de derechos humanos. En 1948, fue ratificado en todo el mundo, aunque no por Arabia Saudita. A pesar de que se reafirmó en tratados jurídicamente vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), Arabia Saudita no ha reconocido los tratados con su aplicación del derecho internacional consuetudinario, así como otras normas adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos intergubernamentales regionales.
El “derecho a un juicio justo”, reconocido por los tratados internacionales, establece las garantías mínimas de que todos los sistemas deben garantizar la verdadera justicia, respetar el estado de derecho y respetar el derecho a un proceso penal justo. Estos estándares se aplican a las investigaciones, arrestos y detenciones, así como a lo largo de los procedimientos previos y posteriores al juicio, incluido el proceso de apelación, la sentencia y el castigo. Además, constituyen un convenio colectivo de la comunidad internacional sobre los criterios para evaluar cómo los gobiernos deben tratar a los ciudadanos sospechosos, acusados y condenados por delitos, desde los casos menores hasta los más atroces.
Como informó Amnistía Internacional, “[l] a base de la naturaleza injusta de los juicios en Arabia Saudita reside en el hecho de que su sistema de justicia penal está diseñado para atender principalmente el poder del Estado a expensas de los derechos de las personas.» La naturaleza injusta de los juicios es sistémica y comienza con los primeros pasos de un procedimiento judicial. Este desequilibrio es visible a lo largo de todo el procedimiento de justicia penal, desde el arresto hasta la detención. Desde que los sospechosos son arrestados sin orden judicial, los detenidos informan de haber sido recluidos en régimenes de incomunicación con sus familias sin saber su paradero, haber sido detenidos por períodos prolongados sin habeas corpus y negados el acceso a un abogado antes de ser acusados.
El capítulo 1 de la ley judicial de Arabia Saudita establece que los jueces trabajan de forma independiente y no están sujetos a ninguna autoridad que no sean las disposiciones de la Sharia y las leyes vigentes. Sin embargo, en la práctica, el poder judicial y otros órganos gubernamentales están profundamente entrelazados, como lo demuestra su requisito de coordinar sus prácticas de acuerdo con las ideologías sostenidas por el rey y el príncipe heredero. Prueba de ello es el hecho de que los jueces sauditas han recibido instrucciones implícitas para dictar duras sentencias contra activistas de derechos humanos, reformadores, periodistas y disidentes. Los activistas informan además que las autoridades judiciales y fiscales ignoran las quejas relacionadas con el debido proceso, incluida la falta de acceso del cliente a un abogado en etapas críticas del proceso judicial, particularmente durante la fase previa al juicio / investigación.
Casos de Pena de Muerte en Curso y Personas en el Corredor de la Muerte
En julio de 2019, se sabía que las autoridades sauditas habían llevado a cabo al menos 134 ejecuciones. Según Amnistía Internacional, de estos 37 eran activistas políticos ejecutados en masa el 23 de abril de 2019 tras largos períodos de detención en régimen de aislamiento, sometidos a torturas y juicios manifiestamente injustos. 33 de los 37 eran miembros de la minoría chií saudí, que fueron arrestados y finalmente ejecutados por su participación en protestas en la provincia oriental del país.
Las prácticas actuales de Arabia Saudita violan las normas internacionales, incluida la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Arabia Saudita. La Carta exige que los países que mantienen la pena de muerte la utilicen solo para los “delitos más graves” en circunstancias excepcionales y tras el fallo de un tribunal competente. Arabia Saudita tiene una de las tasas de ejecución más altas del mundo y aplica la pena de muerte a una variedad de delitos que no cumplen con este requisito, como los delitos relacionados con las drogas. A pesar de los impulsos de la comunidad internacional, como el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018 a los países para que establezcan una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y reduzcan los delitos por los que podría imponerse con la intención de una eventual abolición, Arabia Saudita continúa para emplear la pena de muerte.
2019 muestra un patrón inquietante de ejecución de personas identificadas como disidentes políticos. Muchos fueron acusados de delitos mal definidos como «brujería», «espionaje» y «terrorismo», todos los cuales son términos vagos que permiten interpretaciones radicales. Michael Page, Subdirector de Oriente Medio en Human Rights Watch, ha declarado que “las autoridades saudíes inevitablemente caracterizarán a los ejecutados como terroristas y criminales peligrosos, pero la realidad es que los tribunales sauditas carecen en gran medida de todo proceso debido y muchos de los ejecutados fueron condenados basándose únicamente en confesiones que, de manera creíble, dicen que fueron coaccionados … [como tal] la pena de muerte nunca es la respuesta a los crímenes y la ejecución de prisioneros en masa muestra que el actual liderazgo saudí tiene poco interés en mejorar el lamentable historial de derechos humanos del país «.
Lynn Maalouf, directora de Investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha declarado que “las autoridades saudíes tienen un historial escalofriante en el uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a los manifestantes antigubernamentales, incluidos los niños.» Por ejemplo, Murtaja Qureiris, un miembro saudí de la minoría chiíta, fue acusado por el Gobierno saudí de «unirse a un grupo terrorista» y «sembrar la sedición». Qureiris fue arrestado en septiembre de 2014 cuando solo tenía 13 años.
De manera similar, se enfrenta a la ejecución en Arabia Saudita Ali al-Nimr, quien, el 20 de diciembre de 2019, celebró su 25 cumpleaños en el corredor de la muerte. Ha pasado ocho cumpleaños anteriores en prisión después de su arresto en febrero de 2012 por participar en una manifestación democrática en la provincia oriental de Arabia Saudita. Según informes de ADHRB y otras organizaciones internacionales de derechos humanos, después de su arresto, al-Nimr fue interrogado y torturado por oficiales de la Dirección General de Inteligencia de Arabia Saudita, durante la cual se firmó una confesión a pesar de que se le negó el acceso a un abogado. Fue acusado de doce delitos, incluida la traición a la patria y la pertenencia a una célula terrorista, y en consecuencia recibió una sentencia de muerte del Tribunal Penal Especializado, el sistema judicial de seguridad nacional del reino responsable de juzgar los casos de terrorismo. Al igual que Qureiris, al-Nimr era un niño cuando fue arrestado. Como tal, su detención y sentencia ha sido objeto de múltiples comunicaciones de la Oficina de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, incluyendo instancias en mayo de 2015, septiembre de 2015, marzo de 2016, agosto de 2016, julio de 2017 y octubre de 2018. Como informó ADHRB, su La detención también fue declarada arbitraria e ilegal por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
Religiosidad del Control Político de la Familia Real y Represión de la Oposición Chií
La monarquía saudí mantiene un control absoluto sobre los procesos políticos del estado, un control profundamente arraigado en un entrelazamiento histórico del estado y la religión. La familia Al-Saud mantiene una relación simbiótica con el establecimiento religioso wahabí, lo que otorga legitimidad religiosa al gobierno político de la familia y garantiza la codificación de la interpretación wahabí del Islam en la burocracia estatal saudita.
La legitimidad religiosa de la familia saudí vis-a-vis su relación con el establecimiento sunita wahabí otorga al régimen una autoridad significativa sobre su población, de la cual más del 80% son sunitas. Gran parte de la oposición política en el país proviene de la minoría chií, lo que hace que la represión religiosa sectaria del régimen sea inherentemente política.
La discriminación anti-chiíta en las esferas religiosa y cultural «se manifiesta en la destrucción de importantes sitios religiosos y culturales chiítas, el cierre de mezquitas chiítas, el arresto y detención de líderes religiosos y fieles chiítas, y la interrupción patrocinada y sancionada por el gobierno». de las prácticas y festivales religiosos chiítas. Esta discriminación también toma una forma menos tangible en el uso de lenguaje sectario y anti-chií en sermones y libros de texto escolares que degradan y degradan a los chiítas , a sus prácticas y a su herencia ”. Estos esfuerzos sirven para condenar al ostracismo a la población chiíta como miembros desiguales e ilegítimos de la sociedad saudí, sembrando las semillas del descontento y la disidencia. Esto ha llevado a la familia Al-Saud a tomar medidas más drásticas con respecto a la oposición política dentro de las comunidades chiítas.
Las elecciones de 2005 y 2011 en Arabia Saudita personifican la religiosidad de la oposición política en el país. 1,08 millones de hombres sauditas acudieron a votar en 2005, una cifra significativamente baja en el contexto de los 18 millones de votantes elegibles. Sin embargo, las provincias del este chií vieron una mayor participación de votantes. «La alta tasa de participación electoral entre los chiítas de la provincia oriental fue impulsada por la sensación de que, después de años de marginación y abandono, los ciudadanos chiítas podían hacer oír su voz». El informe de ADHRB encontró que, al igual que en las elecciones de 2005, en las elecciones de 2011 “solo la mitad de los escaños fueron impugnables. El rey designó la otra mitad de los asientos. Los candidatos chiítas ganaron la mayoría de los escaños en Qatif, y el rey nombró a cuatro sunitas y un chií al consejo de Qatif «. Esto revela una forma deliberada de manipulación por parte de la familia Al-Saud para mantener su posesión del poder.
La Campaña de la Vergüenza Blanqueada por la Vision 2030 y los Eventos Deportivos y Musicales en Arabia Saudita
La Visión 2030 de Arabia Saudita busca modernizar y diversificar la economía del país lejos de su dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, para hacer esto, el país debe utilizar una marca positiva para desviar la atención de sus graves violaciones de derechos humanos. Como se exploró en secciones anteriores, el régimen de Al-Saud mantiene un estricto control sobre todos los aspectos de la sociedad, sofocando cualquier signo de resistencia en su población e incluso llegando a extremos como el asesinato de Jamal Khashoggi en suelo turco. Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Arabia Saudita está tratando de limpiar su reputación mediante el «blanqueo» y el «lavado deportivo» en un intento de proyectar una cara progresista del reino a nivel internacional.
Este modo de marca global puede ser increíblemente útil, ya que muchos tienden a comenzar a asociar el país con los eventos que organiza en lugar de los derechos de los que abusa. En enero de 2020, más de una docena de mujeres conductoras participarán en el Rally Dakar. Sin embargo, el Reino ha tomado medidas enérgicas contra muchas de las activistas por los derechos de las mujeres que han estado haciendo campaña para poder conducir en Arabia Saudita, incluida al-Hathloul mencionada en la Sección 1 anterior. En un toque de oscura ironía, el Rally Dakar destaca que «las activistas de los derechos de las mujeres saudíes que lucharon y ganaron el derecho a conducir en Arabia Saudita siguen sin poder viajar, ser juzgadas o tras las rejas».
El uso de «lavado de influencers» es de mayor importancia, que es el uso de influencers extranjeros traídos al Reino para grandes eventos de música y moda. Luego se les anima a publicar sus experiencias positivas en sus redes sociales. Esto ha sido recibido con críticas generalizadas por parte de sus audiencias, quienes han expresado su preocupación por que los “influencers” no estén al tanto de los problemas que ocurren dentro de los países que están promocionando.
